Número 34 | Primer trimestre 2013

Iniciativas desarrolladas en la Región para combatir el cambio climático

RESUMEN
El comercio de derechos de emisión fue regulado por la Directiva 2003/87, incorporada a derecho interno mediante la Ley 1/2005 y modificada por la 13/2010. Sólo determinados sectores industriales están obligados a participar en este sistema.
En la Región de Murcia, cuyas emisiones totales rondaron los 10 millones de toneladas en el año 2011, las empresas que obligatoriamente han de participar en el régimen de comercio de derechos de emisión, conocidos como sectores regulados, representan sólo el 40% del total de las emisiones. Los sectores y empresas no afectadas por esta obligación representan el 60% de las emisiones totales.
El paquete de objetivos de la UE 20-20-20, aprobado por el Consejo y el Parlamento y publicado en 2009, supone que para el año 2020 se habrán de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir un 20% el consumo de energía y conseguir que el 20% de las necesidades energéticas se cubran con renovables. La Directiva 2009/29/CE, uno de los pilares del paquete legislativo energía y cambio climático, reforma de manera sustancial el sistema europeo de comercio de derechos de emisión.
Para optimizar la gestión de los gases de efecto invernadero (GEI), la Consejería de Presidencia ha firmado un convenio de colaboración con el Sistema Electrónico de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (Sendeco2).
La Región de Murcia ha puesto en marcha numerosas iniciativas en forma de acuerdos voluntarios que permiten a los sectores difusos comunicar su responsabilidad (huella de carbono e iniciativa Lessco2) y reducir las emisiones (pacto social e iniciativa RSCO2).

Ante el inexorable avance del cambio climático, muchos países han adoptado compromisos y responsabilidades en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que causan y aceleran este fenómeno climático.
En la Región de Murcia se están desarrollando iniciativas para tratar de emitir menos cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, mejorando así el medio ambiente y nuestra calidad de vida.

El cambio climático es definido como un cambio estable y duradero en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. El cambio climático puede estar limitado a una región concreta o, como es el caso, puede abarcar toda la superficie terrestre.
El término puede referirse al cambio en el clima causado por la actividad humana o por procesos naturales de la Tierra y el Sistema Solar. En el contexto de la política ambiental, se suelen usar como sinónimos el ‘cambio climático' y el ‘calentamiento global antropogénico', que es el aumento de temperatura a nivel global (tierra y océanos) y con tendencia a seguir aumentando.
A día de hoy no cabe duda de la existencia de este fenómeno y de su creciente agresividad, como tampoco cabe duda de que se pueden paliar los efectos y redirigir la actividad económica hacia el desarrollo sostenible.

Las emisiones de gases de efecto invernadero y comercio de derechos de emisión

En la Unión Europea, los escenarios de cumplimiento del protocolo de Kioto suponían un coste elevado. Por esta razón se creó el comercio de derechos de emisión, un instrumento de mercado que se estimaba iba a abaratar el coste del cumplimiento de las obligaciones asumidas en Kioto en 20.000 millones de euros. Se trata de un instrumento que permite financiar la adaptación empresarial a una economía baja en carbono.
El comercio de derechos de emisión fue regulado por la Directiva 2003/87, incorporada a derecho interno mediante la Ley 1/2005 y modificada por la 13/2010. Sólo determinados sectores industriales, fundamentalmente grandes industrias generadoras de energía, cemento, cerámica y plantas de cogeneración están obligados a participar en este sistema.
Desde el año 2005 las empresas afectadas por esta obligación legal deben obtener una autorización de emisión de gases de efecto invernadero (inicialmente sólo de CO2) de cada comunidad autónoma, solicitar derechos de emisión -un derecho de emisión equivale al derecho de emisión de una tonelada de CO2- al ministerio con competencias en materia de medio ambiente y presentar, antes del 28 de febrero de cada año, un informe anual verificado sobre las emisiones que realmente se han realizado en el año precedente.
La Administración ambiental de la comunidad autónoma valora el informe y, si da su conformidad, accede mediante una clave al registro público de derechos de emisión y procede a inscribir, antes del 31 de marzo, las emisiones reales producidas por cada empresa. A partir de este momento, cada empresa queda obligada a entregar (antes del 30 de abril de cada año) un número de derechos de emisión equivalentes al dato de emisiones verificadas (emisiones realmente emitidas) inscritas por la comunidad autónoma en el citado registro público.
Las empresas que por su eficiencia puedan vender derechos de emisión sobrantes -Ley 1/2005, artículo 19.8 sobre asignación individualizada de derechos de emisión- obtendrán con esta venta la financiación necesaria para avanzar en la reducción de emisiones. Esta pieza básica del sistema que permite que las empresas que reduzcan sus emisiones puedan conservar los derechos asignados y, en su caso, venderlos, se ha encontrado con una crisis económica como la actual en la que una buena parte de los derechos sobrantes se deben a que muchas empresas han bajado su producción o están cerradas durante la mayor parte del año. La Administración de la Unión Europea ha reaccionado y en el futuro estas prácticas serán más difíciles. Ha sido la Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2011, la que ha regulado las circunstancias que se han de dar en relación con el cese parcial de funcionamiento y de reducción significativa de producción para que las empresas puedan conservar los derechos de emisión gratuitos asignados. La Ley 13/2010 añade, en este sentido, un nuevo párrafo al artículo 7 de la Ley 1/2005: "De conformidad con la normativa comunitaria, se precisarán reglamentariamente las circunstancias que determinan el cese de la actividad o el cierre de la instalación, así como las medidas destinadas a definir las instalaciones que han cesado parcialmente de funcionar o que han reducido significativamente su capacidad y, si procede, medidas destinadas a adaptar en consecuencia el nivel de derechos de emisión gratuitos asignados a las mismas".
Los principales actores de este comercio son, por tanto, las comunidades autónomas que autorizan, controlan y comprueban emisiones reales y las inscriben en el registro público que lleva la contabilidad, la Administración Pública del Estado que concede derechos de emisión y, por último, bolsas y sistemas de negociación que ayudan a reflejar los precios de la tonelada de CO2 que el mercado establece y facilitan la compra y venta de derechos.
Como se ha señalado, el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero sólo es obligatorio para una parte del sector industrial, en concreto para 25 centros productivos de empresas en la Región de Murcia, más de mil centros a nivel nacional y unos 11.000 a nivel europeo. Las últimas modificaciones en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión introducida por la Directiva 2009/29/CE, amplía estos derechos de emisión a más sectores industriales, como:
- producción de aluminio, cobre, zinc y metales no férreos en general.
- secado y calcinado de yeso.
- producción de ácido nítrico, ácido atípico, glioxal y ácido glioxálido, amoniaco, compuestos orgánicos de base, hidrógeno y carbonato sódico.
- captura, transporte por tubería y almacenamiento de CO2.
- sector de la aviación.
También se incluyen nuevos gases de efecto invernadero, como los perfluorocarburos y el óxido nitroso.
Por otro lado se excluyen los pequeños emisores (se entienden por tales aquellos cuyas emisiones hayan sido inferiores a las 25.000 toneladas de CO2 en los últimos tres años y umbral de capacidad térmica inferior a 35MW) y hospitales, siempre y cuando implanten medidas equivalentes de reducción de las emisiones y un sistema de seguimiento y notificación de las mismas.
Los sectores empresariales afectados en la Región presentan instalaciones poco numerosas pero de gran tamaño. En otras comunidades autónomas, sectores como el cerámico suponen un importante número de empresas afectadas pero de menor tamaño.

La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la Región de Murcia

En la Región de Murcia, cuyas emisiones totales rondaron los 10 millones de toneladas en el año 2011, las empresas que obligatoriamente han de participar en el régimen de comercio de derechos de emisión, conocidos como sectores regulados, representan sólo el 40% del total de las emisiones. Los sectores y empresas no afectadas por la obligación de participar en el comercio de derechos de emisión, conocidos como sectores difusos (transporte, edificación, resto de actividades industriales, comercio, agricultura, gestión de residuos, etc.), representan el 60% de las emisiones totales.
Las empresas del régimen de comercio de derechos de emisión en la Región generaban, en 2005, cerca de tres millones de toneladas, llegando a los 7,5 millones de toneladas en 2008. En 2006, 2007 y 2008 fueron entrando en funcionamiento hasta el pleno rendimiento las instalaciones de producción eléctrica de Escombreras, centrales de ciclo combinado a base de gas natural. Este sector de generación eléctrica pasó de 749.397 toneladas emitidas en 2005 a más de cinco millones de toneladas en 2008, para de nuevo reducir sus emisiones en 2011 (poco más de dos millones de toneladas) por la menor demanda de electricidad a consecuencia de la crisis económica.
En conjunto, las empresas afectadas por la obligación de participar en el comercio de derechos en 2012 emitieron 4.693.777 toneladas de CO2; 4.213.273 toneladas en 2011; durante 2010 emitieron 4.484.545; en 2009 fueron 5.451.119 y en 2008 7.530.821, lo que representa entre 2011 y 2008 una reducción del 44%.
La crisis económica ha provocado un descenso en la producción industrial que se refleja en las emisiones. Esta reducción ha sido especialmente significativa en el sector eléctrico, que ha emitido 3,3 millones de toneladas menos (38%) y en algunas plantas industriales, como la fabricación de cemento, han disminuido sus emisiones anuales en un 87%. La tendencia parece mantenerse durante 2012 con alguna excepción, como la continuación del incremento de las emisiones generadas por la refinería de Escombreras como consecuencia de su ampliación, ya iniciada en 2011. Además del menor consumo de electricidad por la desaceleración económica, una de las razones de su menor emisión es consecuencia de la menor entrada en funcionamiento de las plantas productoras de Escombreras debido a que las renovables cubren ya más de un tercio de la producción eléctrica nacional. Las renovables son las de mayor peso dentro del ‘mix' energético, por delante del 22% de los ciclos combinados de gas natural, del 20% de la nuclear, del 8% del carbón y del 4% del petróleo.
La Administración ha asignado, anualmente y de forma gratuita, a cada empresa una determinada cantidad de derechos de emisión (a partir de este año 2013 el sector eléctrico no recibirá derechos de emisión gratuitos y debe acudir al sistema de subasta establecido por la nueva legislación).
La desaceleración económica ha favorecido el incremento de la oferta en el mercado, lo que ha significado precios del CO2 sustancialmente más bajos. A principios de 2013 encontramos el derecho de emisión a menos de cinco euros por tonelada, la tercera parte del precio que tenía durante el año 2011.
En el comercio de derechos de emisión hay un nuevo escenario normativo que ha sido consecuencia de los ambiciosos objetivos de la Unión Europea para el año 2020 y conocido como paquete de energía y cambio climático (a veces llamado el paquete 20-20-20), aprobado por el Consejo y el Parlamento y publicado en 2009. Supone que para el año 2020 se habrán de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir un 20% el consumo de energía y conseguir que el 20% de las necesidades energéticas se cubran con renovables.
La Directiva 2009/29/CE, uno de los pilares del paquete legislativo energía y cambio climático, reforma de manera sustancial el sistema europeo de comercio de derechos de emisión. Los cambios introducidos, que han obligado a modificar en nuestro país la Ley 1/2005 que regula el comercio de derechos de emisión mediante la Ley 13/2010 (BOE nº 163 de 6-7-2010), han generado importantes novedades, entre ellas la reducción al máximo de la entrega gratuita de derechos de emisión obligando a que sea la subasta el instrumento de asignación para el sector eléctrico. El nuevo escenario normativo (conocido como tercer periodo de comercio de emisiones) deja, a partir de este año 2013, al conjunto de la Región con una asignación de unos tres millones de toneladas, incluidas las previstas para la ampliación de la refinería, mientras que durante esos años las emisiones reales se situarán en torno a seis millones, de los que dos corresponderán a la citada ampliación.
En este contexto de reducción creciente de la asignación gratuita, las empresas tendrán que establecer estrategias de gestión de carbono, para lo cual es de gran importancia el conocimiento del funcionamiento de los mercados. Por esta razón, la Consejería de Presidencia ha firmado un convenio de colaboración con el Sistema Electrónico de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (Sendeco2).
Un segundo aspecto a destacar es que los sectores difusos que representan la mayor parte de las emisiones de la Región y del país no han reducido sustancialmente sus emisiones como consecuencia de la crisis económica.
Para cumplir con los compromisos internacionales (las cuentas del cumplimiento del protocolo de Kioto se han de entregar en 2014) la Administración del Estado ha destinado ya importantes sumas de dinero a la compra de créditos de carbono en otros países a través de los Fondos de Carbono gestionados por diferentes instituciones financieras multilaterales.
Es de interés señalar que el artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (BOE nº 55, de 5-3-2011), crea un fondo que permite la compra de créditos de carbono generados por proyectos a desarrollar en el territorio nacional.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recogieron una partida de 4,25 millones de euros para la compra de reducciones verificadas de emisiones que resulten del desarrollo de proyectos en el territorio nacional (proyectos clima). Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 recogen una partida de 10 millones de euros, realizándose el pasado día 15 de febrero la convocatoria pública de proyectos.
El máximo órgano de gobierno de este fondo es el Consejo Rector, en el que hay un representante del conjunto de las comunidades autónomas. Este año el conjunto de las comunidades autónomas está representado por la de Murcia.
Para la mayor parte de sectores y empresas no afectadas por la obligación de participar en el comercio de derechos de emisión, sectores difusos (transporte, edificación, industria alimentaria, comercio, agricultura, etc.), el paquete energía y cambio climático fija para 2020 un objetivo de reducción del 10% respecto a 2005.
Dentro de los sectores difusos, los de mayores emisiones, como el transporte (supone más del 25% del total de las emisiones del conjunto del país) y la edificación, deben centrar una parte importante de los esfuerzos (movilidad sostenible, vehículo eléctrico, arquitectura bioclimática, calderas de biomasa, etc.).

Comunicación de la responsabilidad social corporativa aplicada al cambio climático. Iniciativa regional para la compensación de emisiones

La Región de Murcia ha puesto en marcha numerosas iniciativas en forma de acuerdos voluntarios que permiten a estos sectores difusos que no tienen, por ahora, obligaciones legales de ejercer la responsabilidad social corporativa, comunicar su responsabilidad (huella de carbono e iniciativa LessCO2), reducir las emisiones (pacto social e iniciativa RSCO2), e incluso compensar las emisiones que no pueden ser reducidas mediante la financiación de repoblaciones forestales en terrenos públicos de nuestros espacios naturales degradados o que sufrieron incendios (iniciativa RSCO2).
La compensación de emisiones de CO2 es el mecanismo mediante el cual particulares, entidades y administraciones tratan de neutralizar el impacto en el clima de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan con sus actividades. Para esto se realizan o se apoyan económicamente proyectos que reducen esa misma cantidad de emisiones en otro lugar. La compensación de una tonelada de gases de efecto invernadero constituye una reducción neta de emisiones.
La compensación está basada, principalmente, en la implantación de sumideros de CO2 mediante reforestación o custodia del territorio para mantener su capacidad de absorción, o en la generación de proyectos de energías alternativas (emisiones evitadas).
Son numerosas las iniciativas empresariales de compensación enmarcadas en la comunicación de la responsabilidad social corporativa y el marketing empresarial.
La compensación de emisiones ha sido promovida desde hace años en Europa y Estados Unidos por organizaciones no gubernamentales.
Con el objetivo de certificar los esfuerzos en compensación, en la Región de Murcia se puso en marcha la iniciativa ‘Responsabilidad Social frente al Cambio Climático (RSCO2)'. Con esta iniciativa RSCO2, que adopta la forma de acuerdo voluntario (BORM nº 299, de 29 de diciembre de 2007), las empresas y organizaciones que compensen sus emisiones pueden obtener un certificado de la consejería competente. Puede consultarse la información relacionada con la iniciativa en la web www.ecorresponsabilidad.es, en el apartado ‘responsabilidad social corporativa aplicada al medio ambiente', o bien directamente en http://www.ecorresponsabilidad.es/rsco2.htm. Hay multitud de posibles proyectos y actividades que pueden contribuir a los objetivos de iniciativas como ésta, pero sin duda los que permiten una visualización más clara del importante papel de la compensación son los que incrementan la capacidad de sumidero. Cada hectárea de monte repoblado en el área mediterránea absorbe unas 5 toneladas de CO2 por año. El óptimo de la vegetación parece alcanzarse en torno a los 30 años. Tomando como ejemplo una repoblación forestal de 1.000 árboles, ocupando una superficie de 2 hectáreas (densidad 500 plantas/ha), permitiría una compensación directa de 10 toneladas de CO2 al año.
El artículo 120.2 de la Ley 4/2009 realiza un mandato expreso a la Consejería competente en materia de medio ambiente para que impulse la compensación voluntaria de emisiones: "La Consejería competente en materia de medio ambiente impulsará la compensación voluntaria de las emisiones que no hayan podido ser reducidas y fomentará el patrocinio y el mecenazgo en relación con el cambio climático".
A nivel estatal, el artículo 90 de la Ley de Economía Sostenible ha incorporado a nuestro derecho ambiental la compensación de emisiones. El citado artículo incluye explícitamente en el apartado 1 como sectores receptores de las inversiones en compensación de emisiones, junto al forestal, a los programas agrarios de reducción de CO2.
Por otra parte, este sistema de compensación se pretende que nazca con la posibilidad de incentivos como los recogidos en los artículos 70 y 103 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por esta razón, es de esperar que las empresas que contraten con la Administración y quieran obtener ventajas competitivas con respecto a otros licitadores participen en este sistema de compensación para obtener los certificados correspondientes, y esto generará un flujo de inversiones dirigidas hacia los potenciales sumideros, es decir, sector forestal y agrícola, principalmente.

Huella de carbono e iniciativa LessCO2: ventaja competitiva para empresas sostenibles

Los sectores difusos que se dedican a la exportación, como la agricultura y la industria alimentaria, independientemente de obligaciones legales que puedan ir surgiendo, se van a encontrar con la exigencia creciente de los mercados internacionales, en la que los esfuerzos voluntarios en reducción de emisiones por unidad de producto (huella de carbono) son ya una ventaja competitiva.
La huella de carbono intenta representar las emisiones netas de gases de efecto invernadero medidos como CO2e (CO2 equivalente) que produce una organización, un evento, las actividades de un ciudadano, la fabricación de un producto o la prestación de un servicio puesto a disposición del consumidor.
El desarrollo de la huella de carbono ha sido especialmente rápido en el sector de la alimentación. La cadena de producción alimentaria y los servicios asociados suponen una importante fuente de emisiones. En los Estados miembros de la Unión Europea llega a suponer un 31% del total de sus emisiones.
La determinación de la huella de carbono es sencilla. Los cálculos se basan en identificar la cadena de producción de la empresa (límites de proceso) y las fuentes de emisión de GEI a lo largo del proceso. Para obtener la emisión de GEI en cada etapa del proceso tendremos que utilizar el factor de emisión que corresponda con cada tipo de fuente. La huella de carbono, es decir, las emisiones, puede ser reducida si se toma en consideración la captura, secuestro o remoción de CO2 que pueden llevar a cabo las actividades y productos basados en la fotosíntesis, como es el caso de la agricultura.
Buena parte de la agricultura no se diferencia mucho de un bosque, parte del CO2 que fija la planta queda almacenado en el suelo gracias a sus raíces o a la incorporación de restos de poda y cosecha, comportándose como un sumidero a largo plazo, mientras que el CO2 necesario para el carbono contenido en el crecimiento del tronco y ramas principales se comporta como un sumidero a medio plazo.
Relacionado con el concepto de sumidero está el de emisión evitada. Por ejemplo, las podas y otros subproductos se pueden utilizar como biomasa evitando la emisión de CO2 de los combustibles fosiles a los que sustituyen.
La capacidad de sumidero varía de unos cultivos a otros dependiendo de su tasa de fijación de CO2 y del nivel de emisiones realizado, que a su vez depende de las prácticas agrícolas utilizadas. Son muchos los autores que señalan que una buena parte de los cultivos agrícolas en el área mediterránea, y especialmente los frutales, deben considerarse sumideros temporales de CO2. En este sentido se manifestaron los científicos, técnicos y expertos convocados por la AEFAO (Asociación España-FAO) en Madrid el 6 de mayo de 2009 para ayudar a contestar la cuestión: ¿puede incluir la futura PAC ayudas a la agricultura por su función de sumidero de CO2. Entre sus conclusiones señalaban que: "Deducido el CO2 desprendido en su realización (labores y operaciones culturales, fabricación de abonos y fitosanitarios, producción de semillas, etc.), los cultivos agrícolas deben considerarse auténticos sumideros de CO2. El resultado neto de su efecto sumidero puede variar entre 2-4 t/ha en los cereales de invierno en secano y entre 5-10 t/ha en los cultivos de regadío.
En base a la necesidad de fomentar el incremento y mantenimiento de los sumideros, el artículo 121.2 de la Ley 4/2009 señala que "La Administración regional incentivará la participación del sector privado en el aumento de la capacidad de captación de carbono de los sumideros, desarrollando instrumentos de mercado que permitan obtener ventajas competitivas por los beneficios ambientales que aportan con la captación de CO2".
En el desarrollo de este mandato se dictó la Orden, de 20 de noviembre de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se desarrolla la iniciativa ‘Agricultura murciana como sumidero de CO2' (www.lessco2.es).
A esta iniciativa se han adherido la práctica totalidad de las grandes empresas agrícolas de la Región. La marca ‘LessCO2', asociada a la iniciativa y registrada a nombre de la Comunidad Autónoma en la oficina de patentes y marcas, se ha concedido ya a diez empresas.

Gestión del conocimiento para impulsar la adaptación al cambio climático. El Observatorio Regional del Cambio Climático

Las acciones de mitigación requieren una respuesta conjunta y coordinada a nivel internacional, dado que las emisiones son independientes del lugar de procedencia y contribuyen por igual al efecto invernadero. Por el contrario, se reconoce que las acciones e iniciativas de adaptación deben ser definidas e implementadas a nivel nacional, regional o local, pues los impactos y las vulnerabilidades son específicos de cada lugar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: Quinta Comunicación Nacional de España. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones. Madrid 2010, pág. 227).
Tanto en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2012-2020, como en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se reconoce el papel fundamental que han de desempeñar las comunidades autónomas detectando efectos y definiendo políticas de adaptación.
Para esta modelación a las circunstancias de cada región y al impacto previsto para cada sector en cada territorio, numerosas comunidades autónomas han puesto en marcha diferentes iniciativas. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se creo el Observatorio Regional del Cambio Climático (Orden de 19 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y medio Ambiente, por la que se crea el Observatorio Regional del Cambio Climático, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 6 de marzo de 2007) cuya página web es www.orcc.es.
La Orden, de 19 de febrero de 2007, de la extinta Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la que se crea el Observatorio Regional del Cambio Climático (ORCC), establece en su artículo 2 sus objetivos:
1.- Impulsar la creación de un sistema de información que permita la evaluación de la situación y su evolución, la difusión de los datos, las experiencias y el asesoramiento en la materia para las posibles actuaciones.
2.- Creación de una red de observadores científicos, sectores empresariales afectados, instituciones responsables y ciudadanos a nivel regional que permita, desde la colaboración en red, poder construir y mantener una plataforma del conocimiento sobre el cambio climático, sus consecuencias y posibilidades de adaptación.
3.- Estudio sistemático de los cambios que se experimenten en el desarrollo de las actividades productivas y los servicios.
4.- Actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información de diferentes fuentes nacionales e internacionales, así como de la Región, promoviendo la investigación sobre los procesos de cambio y las medidas de adecuación.
5.- Proponer, a partir de los datos recogidos, soluciones concretas y susceptibles de aplicación.
En términos parecidos a los recogidos en la Orden, de 19 de febrero de 2007, de creación del Observatorio Regional del Cambio Climático, se pronuncia el Capítulo II del Título VI de la Ley 4/2009 de protección ambiental integrada de la Región de Murcia ‘Economía baja en carbono y adaptación a los impactos del cambio climático', y en concreto en el punto 3 de su artículo 119 ‘Generación de conocimiento para impulsar una economía baja en carbono y la adaptación a los impactos del cambio climático': "La consejería competente en materia de medio ambiente impulsará la creación de una red de observadores científicos, sectores empresariales afectados, instituciones responsables y ciudadanos como plataforma del conocimiento sobre el cambio climático, sus consecuencias y posibilidades de adaptación".
El Observatorio Regional del Cambio Climático puso en marcha en 2007 la red de observadores científicos y responsables denominada ‘Comisión de Trabajo de Expertos', que le da soporte técnico (Orden de 21 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la que se crea la Comisión de Trabajo de Expertos sobre el Cambio Climático). Esta red de expertos colabora con sus aportaciones en el análisis de los posibles efectos que el calentamiento global tendría sobre la economía, la sociedad y los ecosistemas. En el caso de la Región de Murcia, son de especial interés los efectos económicos, ecológicos y sobre la salud como consecuencia de la elevación de la temperatura y fenómenos climatológicos extremos, los derivados de la subida del nivel del mar y la alteración en la cantidad y distribución de las precipitaciones.
Una referencia de los trabajos desarrollados por el Observatorio Regional del Cambio Climático con información de interés en relación a la temperatura, las precipitaciones, la subida del nivel del mar y los efectos sobre la salud y sobre los ecosistemas puede verse en la publicación descargable a través de la página web www.ecorresponsabilidad.es.
La adaptación a los impactos del cambio climático es una realidad en algunos ámbitos de intervención. Basta poner como ejemplo que en España es obligatorio, para elaborar la planificación hidrológica de cuenca, incluir una previsión del impacto que ocasionará en las aportaciones de agua el cambio climático, tal como señala el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, desarrolla el citado RD estableciendo, para los próximos 20 años, una reducción del 11% de recursos hídricos como consecuencia del cambio climático para las cuencas hidrográficas del río Segura y del Guadiana, y un 9% y un 8% para las cuenca del Júcar y del Guadalquivir, respectivamente.
Otros ejemplos cotidianos son las actuaciones de prevención de temperaturas extremas que, coordinadas por el Ministerio de Sanidad, llevan a cabo todos los veranos las comunidades autónomas para reducir los efectos en la salud provocados por las olas de calor. Las regiones españolas del centro y sur de la Península están más adaptadas a las elevadas temperaturas, por lo que su impacto en cuanto a mortalidad y morbilidad es menor que, por ejemplo, la zona del norte, donde no sólo la población está menos acostumbrada sino que los edificios apenas están preparados.
Estos son dos ejemplos de que las políticas de adaptación y preparación para el cambio han de ser modeladas a las circunstancias de cada región y al impacto previsto para cada sector y territorio. La concentración de competencias sectoriales y de planificación territorial y urbanística hace a las administraciones regionales especialmente apropiadas para esta tarea.


Artículos relacionados:
- Cambio climático (Murcia enclave ambiental nº 4, pág. 18-23).

En la Región de Murcia han ido descendiendo las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 2008
El nuevo escenario normativo (conocido como tercer periodo de comercio de emisiones) deja, a partir de este año 2013, al conjunto de la Región con una asignación de unos tres millones de toneladas de CO2
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